Para minimizar la situación comparó lo que se vive en Formosa con lo vivido durante la dictadura militar y dijo que no tenía «nada que ver». También afirmó que no había «centros clandestinos de detención», lo cual jamás se había denunciado de esa manera.
Completando su idea de derechos humanos, afirmó: “No se puede decir que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa». Confirmando que hay violaciones, pero que no son sistemáticas, restando importancia a las que se cometen.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, consideró que la estrategia sanitaria que se aplica Formosa para mitigar el avance del coronavirus en la provincia “no puede equiparse con la existencia de una dictadura”, y afirmó que las denuncias que se formulan en ese sentido describen “una realidad paralela”.
“No se puede decir que hay violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa. Esas denuncias parecen obedecer a una realidad paralela. Hay situaciones puntuales sobre las que hicimos recomendaciones y que se dieron en el marco de una estrategia sanitaria en la que hubo restricciones”, señaló Pietragalla en diálogo con Télam.
Tras volver de Formosa, donde ayer y hoy se entrevistó con el gobernador Gildo Isfrán, dirigentes de la oposición y organismos locales para verificar la situación de los derechos humanos en la provincia, el funcionario estimó que existe “una campaña” sobre la situación que se vive en el distrito.
“Visitamos los centros de aislamiento vimos que están en buenas condiciones. Hubo en esos lugares algunas situaciones cuando se detectaron contagios y la permanencia de las personas en esos lugares se tuvo que prolongar. Cuando esas noticias persisten durante tanto tiempo, es porque estamos ante la existencia de una campaña”, señaló el funcionario.
Ante las situaciones de abusos de parte de las fuerzas de seguridad, Pietragalla aseguró que se firmarán convenios con el gobierno de Formosa para capacitar en derechos humanos a los uniformados de la provincia.
“Se verificó un incremento de los casos de violencia institucional durante la pandemia porque los controles están en manos de las fuerzas de seguridad».