Se trata del uso de microcréditos otorgados para la mejora de viviendas y otros planes sociales que habrían sido entregados como incentivo con fines electoralistas. Lo denunció una concejal opositora, actuó la justicia y se registraron hechos llamativos que despertaron aún más las sospechas de los investigadores.
A partir de un audio filtrado, el intendente de Pilar se encuentra bloqueado por una medida de la jueza Servini, quien le prohibió destinar dinero del Municipio a unos programas sociales sospechados de ser utilizados para comprar votos. La oposición del Concejo Deliberante quiere interpelarlo.
Una particularidad que llamó la atención, es que en uno de los 26 allanamientos ordenados por el juez Federal de Campana Adrián González Charvay, se dió en una casa quinta particular situada en Del Viso.
Al llegar la Policía Federal, se encontraban en el lugar dos agentes de la Guardia Urbana custodiando la propiedad y acompañados por una persona que suele desempeñarse en actividades de la Secretaría de Seguridad Municipal. Al tratar de identificarlos, se produjo una situación tensa que desencadenó en la aprehensión de dos agentes -cuyas identidades no trascendieron- y de un tercero, identificado como Miguel Ávalos.
Ahora, la Justicia busca determinar por qué personal de seguridad municipal custodiaba una vivienda privada. Y también por qué habría allí documentos públicos del Estado municipal.
Paralelamente a lo obtenido en los allanamientos, existe un audio que corresponde a una charla de orientación y preparación para llegar a los vecinos, fiscalizar la elección, etc que la justicia analiza para saber qué tanto queda explicitado el uso de los microcréditos para obtener un rédito electoral y el uso de “herramientas a utilizar como los planes de desarrollo social”.
En las últimas semanas vienen conociendo distintas estrategias que el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, vendría implementando para lograr la reelección. Desde acompañar a Vidal, cortar boleta de Juntos por el Cambio y poner su boleta local junto a las de Alberto Fernández y Kicillof y varias otras formas de sumar votos serían parte de una larga lista de acciones desplegadas con el fin de retener el municipio.
La investigación judicial por los microcréditos de inició a principios de septiembre último, tras una denuncia presentada por la concejal Paula González, del Frente de Todos.
La edil apuntó al programa Mejor Hogar, que coincidió con la campaña electoral 2017, y que fue luego suspendido en 2018 para re-activarse como se refiere anteriormente, otra vez en el segundo semestre de este año. De hecho, en los últimos días el gobierno municipal transfirió otros 73 millones de pesos a ese sistema.