Macri ya alcanzó un acuerdo con las dos firmas y traspasó su jurisdicción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Ahora, el Ejecutivo bonaerense estudia lanzar un decreto y asumir la responsabilidad sin necesidad de debate legislativo.

El Gobierno nacional traspasó la jurisdicción de Edenor y Edesur a la Capital Federal y a la Provincia de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Hacienda, luego de llegar a un acuerdo con las distribuidoras de electricidad para saldar las deudas cruzadas entre el Estado y las compañías.

El acuerdo se refiere a deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, y el traspaso de jurisdicción a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires se concretó con la firma de un acta acuerdo entre las partes, según el informe de Hacienda.

El acuerdo fue sellado el 28 de febrero de este año en una reunión que mantuvieron el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

El acta de acuerdo de transferencia contempla que Nación “se compromete a realizar las gestiones y los procedimientos administrativos necesarios para terminar de dar solución a los reclamos pendientes con las Concesionarias”.

Así, “la Provincia y la Ciudad asumen los derechos y obligaciones de los contratos de concesión, ad referéndum de la aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad y la publicación de un decreto por parte del ejecutivo provincial bonaerense”.

«El traspaso no tendrá costos para el Estado nacional ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta el 2015 mediante CAMMESA, en concepto de incrementos tarifarios a cuenta. Por encima de estas compensaciones, Edesur deberá pagar $3.858 millones al Estado Nacional, detalla el informe.

Asimismo, las compañías se comprometen en el acuerdo a realizar inversiones en obras de infraestructura para la mejora de la seguridad y confiabilidad del servicio por $3.000 millones en el caso de Edenor y $4.000 millones en el caso de Edesur.