El Gobierno bonaerense publicó los antecedentes de Sergio Torres, a quien propone como nuevo miembro de la Suprema Corte, pero recibió la primera impugnación de Usina de Justicia, que integran, entre otros, la diputada Cambiemos.

Durante el jueves y viernes el Ejecutivo bonaerense publicó en diarios nacionales y provinciales un edicto en el que manifiesta su intención de nombrar al juez federal, Sergio Torres como ministro Suprema Corte bonaerense, acompañado por sus antecedentes. Ahora se abre un período de 15 días para presentar impugnaciones. Tras ello, elevará el expediente para que sea refrendado por el Senado bonaerense.

Sin embargo, en lo que parecía un trámite tranquilo, apareció la primera disidencia, proveniente de «Usina de Justicia Argentina», una asociación civil afín a Cambiemos que, a través de un escrito dirigido al ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, adelantó su oposición al nombramiento de Torres, a quien considera «garantista».

En la carta, la entidad dirigida por la filósofa Diana Cohen Agrest califica a Torres como «discípulo» del ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Eugenio Zaffaroni, a quien se acusa de «implantar una doctrina abolicionista» en el sistema penal argentino. «No podemos callar nuestra oposición a dicho nombramiento, el que estimamos como un enorme retroceso en la lucha que hace años hemos emprendido», indica la misiva.

La entidad es considerada un «think tank del pensamiento judicial de Cambiemos, por lo que esta primera impugnación llega de la mano de «fuego amigo». De hecho, una de las vocales de la asociación es la diputada provincial oficialista Carolina Piparo.

De todos modos, desde el gobierno explicaron que la propia gobernadora María Eugenia Vidal mantiene una buena relación con representantes de «Usina de Justicia», entre ellos con Cohen Agrest. Pusieron como ejemplo las iniciativas en torno a potenciar el rol de la víctima en el proceso penal, incluidas en la reformas de códigos diseñadas por Ferrari.