Además, la OA constató un 92% de cumplimiento de las declaraciones juradas (frente a 81,1% en octubre de 2017) y remitió 468 solicitudes de aclaraciones patrimoniales, a fin de recibir mayor información o rectificación de los datos, según indicaron.
La Oficina Anticorrupción (OA) ejerció su actividad de control sobre 1.536 funcionarios de alta dirección en la administración pública y formuló 191 instrucciones preventivas, referidas a declaraciones juradas patrimoniales integrales, incompatibilidades y otros aspectos, según el informe anual 2018 del organismo.
La difusión del informe de la Oficina Anticorrupción –publicado en su página web- coincide con un tiempo de alta exposición de la secretaría de Estado que conduce Laura Alonso: mientras desde el oficialismo se dice que está en elaboración una reforma «integral» del organismo para «este año electoral», a pedido del Presidente Mauricio Macri, la OA confirmó hoy, por medio de su titular, que estudia cómo hicieron en diversos países para recuperar activos en resonantes casos de extinción de dominio.
También estos días viene mostrándose muy activa la OA en materia judicial: pidió por escrito confirmar la condena a Amadeo Boudou (causa Ciccone) y salió contra la posibilidad de postergar el inicio del juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por presunto fraude en la obra pública.