El proyecto oficial recibió duros cuestionamientos de sectores de la Iglesia, como la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran -entre otros- curas villeros y religiosos, y la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, que encabeza el cardenal Mario Poli.
Garavano aseveró que «a partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos», al defender el proyecto del gobierno nacional de un nuevo régimen penal juvenil, que baja a esa edad la imputabilidad penal para delitos graves.
«Quince años es un punto de consenso y está basado fuertemente en la estadística. A partir de los 15 años, un joven comprende la criminalidad de sus actos y debe responder con un régimen especial», dijo el ministro en una entrevista con el diario La Nación.
Según el funcionario, a esa edad comienzan a «cometer sobre todo aquellos hechos más brutales, que son los que van a hacer que a partir de los 15 años uno sea penalmente responsable», tales como «violaciones, algunos homicidios, hechos realmente graves, con penas mayores a los 15 años de prisión».
«No hay que pensar la responsabilidad penal como algo malo. El joven tendrá que afrontar un proceso en el cual el Estado deberá demostrar que él fue culpable y se le dará un abordaje especial, acorde para ese hecho trágico y que no lo lleve por un camino que pierda su vida», indicó Garavano.
«La mayoría tiene como edad los 14 años, y algunos tienen menos. Nosotros, después de un análisis técnico, realmente entendemos que la edad adecuada son los 15 años. Además, es una edad en la que los jóvenes comprenden la criminalidad de su actos, sobre todo frente a hechos tan graves», sostuvo el ministro.
Ayer, el proyecto oficial recibió duros cuestionamientos de sectores de la Iglesia, como la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, que integran -entre otros- curas villeros y religiosos, y la Comisión de Niñez y Adolescencia en Riesgo del Arzobispado de Buenos Aires, que encabeza el cardenal Mario Poli.
Ambos organismos expresaron su rechazo a «cualquier intento» de bajar la edad de imputabilidad, y señalaron que la iniciativa es «demagogia punitiva» y tiene «fines electorales».