Es por supuesta «defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos». También están imputados el ex secretario de Obra Pública José López y el ex gobernador jujeño Eduardo Fellner, entre otros.
La denuncia de la AFIP contra la detenida dirigente social Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, por supuesta «defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos» se sumará a la causa con pedido de elevación a juicio, conocida como «megacausa», en la que están imputados también, el ex secretario de Obra Pública José López y el ex gobernador jujeño Eduardo Fellner, entre otros.
Así lo indicó el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien sostuvo que será adjuntada en una «instrucción especial» por parte de la fiscalía general a la causa donde se investiga el faltante de 2.300 viviendas y donde están imputadas 31 personas, entre ellas Fellner, López y otros ex funcionarios nacionales y provinciales de la administración anterior.
La denuncia penal de la AFIP es por supuesta «defraudación a la administración pública, asociación ilícita y lavado de activos» y se realizó luego de «detectar a 25 cooperativas enroladas en la agrupación social que eran usadas para cobrar fondos públicos».
«Este organismo (por la AFIP) tiene sus propias facultades que les permite investigar a través de la actividad que le es propia, irregularidades o inconsistencias relativas a la percepción de impuestos, así también como de eventuales hipótesis de lavados de activos de origen ilícito, es así que se llegó a investigar supuestas irregularidades de la organización Tupac Amaru», dijo Lello Sánchez.
Según la denuncia que investiga esa hipótesis, está «el hecho de que no se pudo comprobar que hayan hecho aporte previsionales a las personas que estaban empleadas en la organización social».
«Además hubo una serie de excedentes generados por la falta de aplicación de fondos dentro de los programas nacionales «Mejor Vivir» y el programa «Socio Comunitario», que llevaron a que esos fondos fueran destinados para otras cuestiones no vinculadas a la construcción de viviendas», explicó.
Esta nueva acusación en contra de Sala, se centra en la supuesta «desnaturalización de la figura de las cooperativas. Estas contaban con un acta fundacional pero no funcionaban como tal, dentro del marco legal».
«No había asambleas, no había consejo de administración, no había síndicos de control y los integrantes eran siempre de la Tupac Amaru», aseguró Lello Sánchez.
Esto sostiene la hipótesis de que «estas cooperativas funcionaban al único efecto de percibir fondos que provenían de programas nacionales destinados a la construcción de viviendas, que tenían la finalidad de generar ocupación laboral y gestionar soluciones habitaciones para el sector más vulnerable de la provincia y en esta causa unificada que recientemente se solicitó su requerimiento a juicio, quedó acreditado que no se cumplieron».
Por lo tanto, dentro de este marco, «la idea de la intervención de estas cooperativas fue desvirtuada en un plan sistemático de defraudación, llevado adelante por la Tupac Amaru y comandado por Milagro Sala», concluyó al respecto.
Por otro lado, en el marco de las investigaciones que se siguen contra la dirigente encarcelada Milagro Sala, Lello Sánchez informó que ya fueron secuestrados once vehículos de un total de 29 que se le atribuyen a Milagro Sala y a integrantes de la organización barrial Tupac Amaru en una causa por encubrimiento en la que están imputadas trece personas.
Afirmó que se trata de «una investigación por encubrimiento que es otra línea donde se sospecha que el dinero (recibido) no se le dio el destino adecuado, lo que llevó a la falta de percepción de impuesto o evasión que es lo que denunció la Afip».