El Gobierno decidió no prorrogar ese beneficio a quienes usaban esa modalidad de pago.
Fuentes de la AFIP, en diálogo con Télam, argumentaron que la implementación de este beneficio en 2001 fue para alentar la bancarización y que ese objetivo ya se había alcanzado y porque el costo fiscal proyectado para este año era elevado.
«A la tarjeta de débito la gente la asocia ahora mucho más a las promociones que hacen los comercios para atraer clientes, que por la devolución del 5% de IVA», dijeron las fuentes.
Al ser consultado por los alcances de esta medida, el titular de la AFIP, Alberto Abad, señaló que con el fin del reintegro del IVA el Estado dejará de resignar “unos 6.000 millones de pesos” en concepto del pago de impuestos y que ese monto en la actualidad se podrá destinar “a los que más lo necesitan” como la devolución del 15% por el uso de las tarjetas para jubilados que cobren la mínima, pensionados y a aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo.
Desde el ámbito privado, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtió que esta decisión “desincentiva las operaciones formales, en un contexto donde el aumento de la venta ilegal continúa expandiéndose descontroladamente”.
En ese maco, la entidad que conduce Osvaldo Cornide, manifestó su “preocupación” con la decisión ya que “cualquier reducción de incentivo al consumo resulta relevante teniendo en cuenta la caída de 12 meses consecutivos de las ventas minoritas, con una baja interanual promedio del 7%”.