Se trata de una cautelar ante la Corte Interamericana de DDHH por el fallo de Griesa que fué presentada por un estudio de abogados colombianos y la Fundación para el Desarrollo Latinoamericano, que lleva en sus filas al massista Alejandro Álvarez, licenciado en Relaciones internacionales con un doctorado en Economía.

Hace pocos días fué Daniel Herrendorf, consultor de Naciones Unidas, quien comentó en una entrevista la competencia para establecer una medida cautelar sobre la sentencia de la Justicia norteamericana que tiene la CIDH ( Comisión Interamericana de Derechos Humanos ). Tal vez fué ese el dato clave que dió pie a esta presentación.

Esta acción ante el organismo internacional busca claramente frenar lo que podría ser el inicio de una durísima etapa para el país con tremendas consecuencias para los argentinos, aunque el Gobierno intente instalar que los vecinos no van a notarlo. Los firmantes aseguran haber actuado pensando exclusivamente en el beneficio para los argentinos. Lo que se busca es garantizar un futuro, el de la ciudadanía.

Pero el resultado de la presentación deja abiertas una gran expectativa y un gran interrogante: la posibilidad de que un fallo favorable termine con la situación de extrema incertidumbre para los mercados pero especialmente para el pueblo argentino y en segundo lugar, si simplemente al Ministro Kicillof y al Gobierno se les “pasó” esta posibilidad, o fué omitida por la necesidad de instalar un enemigo que distraiga la atención puesta en los escándalos de corrupción que manchan directa y groseramente al Gobierno Nacional.

La idea de ir directo al enfrentamiento con la potencia mundial más significativa y las decisiones de su Poder Judicial sería una alocada idea clásica del espíritu kirchnerista de buscar permanentemente molinos de viento a quien enfrentar de manera épica.

El kirchnerismo logró aprobar hace pocas semanas una ley que exime de responder con sus bienes a los funcionarios por sus errores durante el transcurso de su mandato. O sea, que las acciones de los responsables del rumbo del país que puedan arruinar su economía por las próximas décadas, no son riesgo alguno para los más de $40.000.000 de patrimonio de la Presidente ni los de sus funcionarios. Es por lo menos llamativo que se apruebe tan clara maniobra para evadir responsabilidades mientras se comienzan a ver los resultados fallidos de las negociaciones y recursos que lleva adelante el Gobierno a través del Ministerio de Economía en relación a los Fondos Buitre y el juez Griesa.

La presentación ante la CIDH es tan simple como clara: Griesa definió el fallo sin tener en cuenta las instancias de negociación que tuvieron los tenedores originales de los bonos hoy en manos de los Buitres; que el cumplimiento del fallo desencadenaría una situación crítica para la economía del país y que el pueblo argentino sería el real damnificado. Los estragos que podría ocasionar el cumplimiento del fallo de Griesa pondría en riesgo los Derechos Humanos del pueblo argentino.

En definitiva, con la aprobación de esta medida cautelar, la protección recaería en la población argentina, debido a “los daños irreparables” que ocasionaría el default.

El recurso fue presentado en Washington por los abogados colombianos Luisa Fernández Castañeda Quintana y Carlos Julio Vargas Velandia, pero llevan también la firma de Alejandro Álvarez y Adrián Rois.

Por Joaquín Gayone
para Agencia País